El proyecto fue aprobado inicialmente por la Cámara de Diputados en el año 2014 y tratado en el Senado en 2017 donde propusieron eliminar como posibles beneficiarios de la iniciativa a diversas entidades como clubes de barrio, centros vecinales, etc. 

El diputado Guillermo Martinelli explicó que no es el objetivo que no se pueda embargar a una entidad, ya que no es competencia de la legislatura provincial, sino que desde la Cámara Baja no encuentran sentido de privar a estas instituciones de sus bienes, porque significaría quitar opciones que les impedirían llegar a una solución efectiva en materia económica como acceder a créditos o cualquier otra.

“No entendemos porque el Senado no quiere abarcar otras instituciones, ya que este proyecto promovería soluciones para importantes sectores del desarrollo social”, dijo el legislador.

El Proyecto pasó al Senado nuevamente en revisión.