De la audiencia participaron el representantes del colectivo actor, del Municipio demandado, de la Secretaría de Recursos Hídricos y de Fiscalía de Estado, el tercero citado y la Fiscal Violeta Herrero.

Las partes expusieron la situación actual en la que se encuentra el área afectada, y el avance en relación al Plan de Emergencia cuya confección y puesta en marcha fue ordenada por el Juzgado a través de una medida cautelar.

En aquella oportunidad se medida ordenó  “a las accionadas que presenten en el plazo de 10 días de notificadas un Plan de Emergencia conjunto, a fin de resguardar a los vecinos de los barrios El Nogalar I, II, IV, El Durazno en todas sus etapas y Potreros de La Caldera, y sus bienes, de los efectos del desborde, crecida o inundación del Río Caldera y los arroyos que conforman su microcuenca”.

En la audiencia la magistrada propuso la conformación de un grupo de trabajo conjunto para la confección de un protocolo de seguridad de personas y bienes de las zonas afectadas, con informes periódicos referentes a los avances del mismo, poniendo el eje en la importancia de la información a la población y de la comunicación entre las partes. Esto fue aceptado, y se fijó el plazo de un mes para la presentación de un informe de avance. Asimismo se acordó que la primera reunión se realizará el 5 de marzo a fin de lograr la pronta concreción del protocolo de emergencia.

Cabe recordar que los procesos colectivos son una herramienta procesal, mundialmente difundida, que permite atender problemas comunitarios unificadamente en un solo juicio, y alcanza a los interesados estén o no presentes en el trámite".