Durante el análisis del Proyecto tomó la palabra la presidenta de la Comisión de Legislación General, Frida Fonseca (Sata Tiene Futuro), quien señaló que el leasing “se trata de un contrato de arrendamiento con opción a compra, en este caso de bienes muebles registrables”.
En este marco, consignó que “realizamos inclusiones y cambios a los fines de definir específicamente la tasa que tendrá el crédito, tanto los primeros 12 meses como posterior a estos, considerando los recaudos legales”.
En uno de los apartados de la iniciativa se autoriza a concretar la operación consignada con un plazo máximo de financiación de sesenta meses y un período de gracia de tres meses, con tasa para los primeros doce meses del 24% anual y durante el plazo restante una actualización variable equivalente al índice BADLAR Privada, con más seiscientos (600) puntos básicos (600 p.b equivalente a un 6%).
Se faculta además al DEM, a afectar y/o ceder los fondos consignados, para garantizar el cumplimiento de la operación de leasing, durante el plazo de vigencia del contrato más seguros y aforo si fuera el caso. Como así también a firmar el contrato de leasing y demás documentos relacionados con la operatoria.
En el análisis de la iniciativa, ediles de distintas bancadas tomaron la palabra. Romina Arroyo (Salta Tiene Futuro) señaló que la convocatoria realizada a funcionarios municipales permitió conocer “cuáles iban a ser los plazos para esta operación, para qué se van a utilizar los bienes muebles y cuál es las tasa que se va a pagar por parte de la municipalidad”. En este sentido y teniendo en cuenta los aportes realizados por los ediles a la iniciativa, consignó: “La redacción busca clarificar cómo se va a hacer el gasto público”. En tanto, el edil José Gauffín (Juntos por el Cambio), consignó que “el pedido de autorización al CD por parte del Ejecutivo Municipal es un requisito solicitado por el banco”. También tomó la palabra Jorge Altamirano (Salta nos Une) e hizo referencia a la presencia de los representantes municipales, indicando: “Era necesario conocer tasa y montos para aclarar lo que era la financiación, atendiendo a que son fondos públicos”. Finalmente, Laura García (Frente de Todos) sostuvo: “El DEM tiene la obligación de transparentar todo lo que hace, lo que pide y solicita; y lo que va a comprar sobre todo”.
