El procurador general, Pedro García Castiella y la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore coincidieron en la necesidad de un trabajo coordinado que permita agilizar las medidas administrativas y judiciales necesarias para resguardar el bienestar de la comunidad educativa, y en particular, prevenir situaciones de abuso de cualquier índole contra niños, considerando su natural condición de vulnerabilidad propia de la edad.
En especial, se abordó la preocupación por la situación de algunos agentes educativos con condenas o procesos pendientes por delitos contra la integridad sexual y el impacto que esto genera en la comunidad escolar.
En este marco, el Procurador destacó la importancia de articular esfuerzos entre el Ministerio Público Fiscal y la cartera educativa para garantizar entornos seguros y propiciar medidas que refuercen la prevención y el control, en procura de la protección de los estudiantes en el ámbito educativo.
El Procurador General reafirmó el compromiso del Ministerio Público Fiscal en la lucha contra los delitos de abuso y violencia sexual, subrayando la importancia de estas acciones conjuntas para proteger a los estudiantes, prevenir el delito y garantizar que los espacios educativos sean entornos seguros y libres de violencia. En particular, destacó la necesidad de trabajar en la implementación de normas e instrucciones generales que fortalezcan las medidas preventivas necesarias para la seguridad de estos espacios, donde se forma y desarrolla la infancia.
