Una de las modificaciones más importantes planteadas por los legisladores fue que todos los profesionales que se inscriban en el programa podrán ser elegidos por las propias víctimas y ya no será mediante un sorteo. 

Los abogados que sean seleccionados para un determinado caso, tendrán un lapso de 72 horas para aceptar el caso, si el profesional rechazara trabajar en el mismo, dejaría de formar parte del programa. Tampoco podrán dejar el juicio durante el desarrollo del mismo sin previa justificación.

El diputado Lucas Godoy explicó que ampliando el alcance de este programa se abre otro camino que consideran de mayor efectividad, se está brindando un mayor apoyo a las víctimas que no cuenten con el dinero suficiente para afrontar gastos en este tipo de casos. 

“De esta manera las víctimas tendrán una mejor respuesta por parte del Estado, es por eso que esperamos que sean muchos  los profesionales que se inscriban para trabajar en el programa”, declaró el legislador.

En este sentido, el diputado Santiago Godoy, autor del Proyecto, manifestó que el proyecto nació principalmente por el impulso y el apoyo a los miembros de la Comisión de Familiares contra la Impunidad, quienes marchan todos los viernes alrededor de la Plaza 9 de Julio pidiendo justicia.

“Estamos brindando un apoyo muy importante para quienes son víctimas de un delito y no cuentan con facultades económicas necesarias para contratar un abogado para su defensa”, argumentó el legislador.

Por su parte, el diputado Claudio Del Plá explicó que la parte querellante es una necesidad muy importante para las personas que no pueden pagar un profesional por lo cual este Proyecto es una herramienta que fomenta la Justicia.

“Nos parece muy importante que los abogados no sean elegidos por el azar y que sean las propias víctimas que decidan quienes los van a defender”, declaró el legislador.

El proyecto fue aprobado por unanimidad y pasó al Senado en revisión.