La iniciativa tiene como objetivo actualizar y modernizar la normativa que regula el corretaje inmobiliario en la provincia, garantizando una mayor transparencia y seguridad en las operaciones inmobiliarias. Por otro lado, tiene por finalidad fortalecer el marco institucional del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Salta (CUCIS) en diversos aspectos claves para el desempeño profesional del corretaje inmobiliario en la Provincia.

Asimismo, se establece como requisito para la matriculación la acreditación de domicilio real y legal en Salta, en línea con otras legislaciones provinciales. A su vez, se actualiza el mandato de las autoridades y se limita la reelección del presidente a dos períodos consecutivos, con el objetivo de favorecer la alternancia y fortalecer la institucionalidad.

La diputada Cristina Frísoli, una de las autoras del proyecto de Ley, señaló que las modificaciones propuestas apuntan a dotar al Colegio Profesional de herramientas modernas, eficientes y con mayor participación democrática, permitiendo elevar los estándares de calidad en la prestación de servicios inmobiliarios. Asimismo, remarcó que la iniciativa busca proteger a los consumidores, dignificar el ejercicio profesional y otorgar mayor transparencia al mercado, fortaleciendo así la confianza y seguridad en las operaciones del sector en la provincia.

Por su parte, la diputada Sofía Sierra expresó sus disidencias a la iniciativa, considerando que algunas de las modificaciones podrían generar impactos en determinados sectores vinculados a esta actividad, así como incidir en las atribuciones y competencias propias de la profesión.

En tanto, el diputado Gustavo Dantur subrayó que la iniciativa procura ponderar y jerarquizar el ejercicio de los profesionales del sector, y garantizar que las transacciones inmobiliarias sean realizadas por personas idóneas, debidamente matriculadas, reduciendo mediante este marco regulatorio los potenciales riesgos de situaciones o prácticas que puedan perjudicar a los usuarios de nuestra provincia.

El proyecto de Ley, de autoría de los diputados Bernardo Biella y Cristina Frísoli, fue aprobado con el voto mayoritario del Cuerpo, con un voto en contra. Pasó al Senado en revisión.