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Aprueban la reforma del código procesal penal de Salta

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Reforma de la Ley N° 7690 - Código Procesal Penal de Salta, enviado a la Legislatura por el gobernador de la Provincia, para garantizar la administración de un servicio de justicia más ágil, dinámico y eficiente, posicionando a Salta en la vanguardia de la justicia penal argentina.

Sesión de Diputados
Sesión de Diputados

La diputada Socorro Villamayor, presidenta de la comisión de Legislación General, remarcó que la reforma propuesta impulsada por el gobernador la Provincia, busca consolidar un sistema adversarial pleno con oralidad como eje central de todo el proceso, transformación que además fortalece la transparencia, garantiza publicidad plena de los actos procesales y brinda beneficios concretos a las víctimas, contribuyendo a una justicia más cercana y dinámica.

“Lo que vamos a implementar es algo novedoso, pero no es improvisado. Esta reforma marca una política pública en cuanto a generar una Justicia más cercana, donde los procesos tengan herramientas que permitan mayor dinamismo y eficiencia”, aseguró la legisladora.

En este sentido, la diputada explicó que estas medidas se basan en experiencias comparadas, tomando como referencia los Códigos Procesales de Jujuy, Tucumán y el ámbito de la Justicia Federal, así como la experiencia piloto de oralidad ya implementada con resultados exitosos en la provincia.

Asimismo, la diputada Villamayor hizo referencia a que las reformas proporcionan mayores herramientas al Ministerio Público Fiscal contra el crimen organizado, persecución de delitos complejos, herramientas tecnológicas modernas, entre otros instrumentos.

Entre los cambios más significativos, la diputada precisó la creación de Oficinas Judiciales para asumir las tareas administrativas, permitiendo que el juez se concentre exclusivamente en la función jurisdiccional.

Por otro lado, la diputada destacó el debate y consenso de esta reforma con la Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría General, el Colegio de Abogados y el Colegio de Magistrados, entre otros actores.

En este marco, el diputado Luis Albeza, presidente de la comisión de Justicia, resaltó que la reforma consolida un proceso penal más rápido, con impacto directo y positivo para la sociedad, subrayando que la celeridad procesal disminuye la revictimización y la incertidumbre, mejora la eficiencia del sistema judicial y contribuye a recuperar la confianza ciudadana.

Además, explicó que la iniciativa introduce plazos estrictos y más breves para cada etapa del proceso, promoviendo el avance hacia la resolución definitiva de las causas, asegurando un ritmo procesal constante y previsible. Asimismo, remarcó que se procura concentrar diligencias en una misma instancia para reducir trámites repetitivos y acortar la duración total de las causas.

Por otro lado, destacó que la celeridad se complementa con mecanismos y medidas que se articulan con un régimen de plazos y audiencias periódicas de seguimiento, equilibrando la necesidad de una pesquisa exhaustiva con el respeto a los tiempos procesales razonables.

Entre las novedades, el legislador hizo hincapié en que se incorpora la figura de la reiterancia como criterio procesal para evaluar el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Esta consideración alcanza a imputados con múltiples causas penales en trámite, aun sin condena firme.

Durante el debate, el diputado Roque Cornejo, quien presentó un dictamen en minoría, indicó su acuerdo a una reforma del Código Procesal Penal en procura de un mejor servicio de justicia, sin embargo, detalló sus diferencias técnicas respecto a la implementación de las modificaciones propuestas en el dictamen mayoritario, enfatizando en los puntos vinculados a institutos y mecanismos del proceso, entre otros aspectos.

En otro sentido, los diputados José Gauffín y Sofía Sierra, si bien expresaron su acuerdo a la reforma propuesta, explicaron sus diferencias respecto a determinados artículos, por lo que manifestaron su oposición en la votación en particular de la norma.

El proyecto de Ley, autoría del Poder Ejecutivo Provincial, fue aprobado por la mayoría plena del Cuerpo, con un voto negativo. Pasó al Senado en revisión.
 



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