Entre los fundamentos del proyecto se indica que la provincia de Salta debe adoptar medidas adecuadas para desarrollar las investigaciones que permitan obtener las pruebas para un juicio en una materia que presenta características diferentes a las que guiaron las regulaciones de los códigos procesales vigentes, estructurados para la investigación de hechos sucedidos en un espacio físico y no en el espacio virtual.

Con relación a la legislación procesal vigente en nuestra provincia (escenario similar al de la mayoría de las provincias argentinas), se parte de la base de que resulta evidente, de una simple lectura del código procesal penal vigente, que todo el sistema de prueba fue diseñado teniendo en cuenta la evidencia física y no la evidencia digital que presenta características absolutamente diferentes que dificultan la aplicación por analogía de las normas tradicionales.

La necesidad de regular instrumentos procesales especiales para lograr eficiencia en la persecución de los delitos informáticos fue advertida por diferentes organismos internacionales que han analizado la cuestión.

El proyecto contiene ocho artículos con textos que incorporan nuevas herramientas para la investigación de delitos informáticos, entre ellos la inclusión de la evidencia digital y la creación de la figura del agente encubierto digital y pasó en revisión al Senado,