La Municipalidad de Salta presentó un amparo contra ANSES, para proteger los fondos de garantía de sustentabilidad dictaminado por el Ejecutivo Nacional.

A tal fin, este miércoles, funcionarios municipales, junto al diputado Nacional mandato cumplido Guillermo Durand Cornejo se reunieron con jubilados y pensionados de la ciudad para informarles sobre el perjuicio ante la medida nacional que afectará sus haberes.

“Se trata de un amparo contra ANSES, a los fines que se dicte una medida cautelar, para preservar los fondos de la disposición que ordenó el Ejecutivo Nacional a través de dos decretos  con el fin de enajenar y subastar títulos del FGS en dólares para ser devueltos en pesos. Lo que atenta contra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad poniendo en riesgo las jubilaciones presentes y futuras”, explicó al respecto la subsecretaria de Defensa del Consumidor, Emilia Calmejane.

“Lo que estamos planteando, es preservar ese fondo ya que no se cumplimentan los requisitos, ni los de control interno que establece la normativa ni las disposiciones, como tampoco hay una información concreta sobre qué operaciones se pretende realizar con ese canje de títulos. Con estas medidas se han violentado garantías constitucionales y derechos, perjudicando a los más vulnerables del sistema, nuestros jubilados y pensionados”, agregó la funcionaria municipal.

De la reunión llevada adelante participaron más de 100 jubilados y pensionados de la ciudad. Estuvieron presentes en tanto el procurador Adjunto del municipio, Ramiro Angulo y la titular de Adultos Mayores, Nora Pussetto, quienes les explicaron a los presentes sobre la medida.

“Por la situación inflacionaria que tenemos, se ordena a ANSES cambiar los títulos de dólares a pesos, lo que va a significar una desfinanciación a futuro, por lo que por disposición de la intendenta, Bettina Romero, buscamos la protección de este fondo de los jubilados”, agregó Calmejane

El Gobierno Nacional dispuso que los bonos en dólares de los organismos públicos, entre ellos ANSES, deben ser vendidos y canjeados por bonos en pesos.

Esto implica la afectación de un fondo especial, solo destinado a garantizar la subsistencia del sistema previsional argentino, avasallando todo tipo de control interno y normativo dispuesto por ley, sin participación de los beneficiarios.