Para adoptar tal decisión, el Procurador consideró necesario abrir una investigación, atento a la noticia criminis referida a supuestos beneficios penitenciarios concedidos al Francisco Terrón Villagrán y Aldana Leiseca, y que podrían constituir anomalías o irregularidades en su otorgamiento por parte del Juzgado de Ejecución N° 1 del Distrito Judicial del Centro.
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los arts. 81 y 82 del Código Procesal Penal de la Provincia y para asegurar un eficiente y adecuado desempeño de las funciones del Ministerio Público Fiscal, Cornejo adoptó las medidas tendientes a posibilitar un mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles y favorecer así la defensa de los intereses por los que el organismo debe velar. Y destacó que resulta menester disponer la creación de la Unidad Fiscal mediante la cual los fiscales penales Rodrigo González Miralpeix y Ramiro Ramos Ossorio, asumirán el trámite de la causa.
Vale recordar que la normativa vigente, a través de la Ley 7.138, de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público, en la sección referida a la Acusación y el procedimiento de remoción, establece que “los Jueces y Funcionarios del Ministerio Público pueden ser acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento por cualquiera del pueblo o por el Ministerio Público, por: Delito común, Mala conducta, Retardo de Justicia, Mal desempeño o Falta de cumplimiento de los deberes a su cargo”.
