De acuerdo a la publicación del sitio, y cuya investigación lleva la firma de la periodista Miriam Lewin, “Exreligiosos confirmaron que el cura Agustín Rosa los obligaba a transportar dólares desde México a la Argentina. El capo narco iba a pagar la reparación del techo de un convento”.
El lunes pasado, la fiscal Simesen solicitó a la fiscalía penal federal en turno, que inicie una investigación preliminar de oficio, tal como lo establece el artículo 214 del Código Procesal Penal de la Nación. Dicho artículo establece que “si el representante del Ministerio Público Fiscal tuviere indicios de la posible comisión de un delito de acción pública, promoverá la investigación preliminar para determinar las circunstancias del hecho y sus responsables”.
La fiscal basó su pedido al fiscal federal, tomando como notitia criminis la publicación mencionada, que sostiene, entre otros aspectos, que “consultado sobre el tema, un exreligioso integrante de la congregación, que vivió en México, donde el Instituto tiene varias sedes, confirmó que grupos de narcotraficantes del cartel de Sinaloa les pedían a Rosa y a los miembros de la congregación que los bendijeran antes de los operativos importantes y que un famoso jefe narco estuvo a punto de pagar la reparación del techo de un convento justo antes de ser arrestado en el 2014”.
El mismo informante sostuvo ante la periodista Lewin que “un señor estuvo a punto de hacernos el techo del convento que se vino abajo por una lluvia. Lo que nos iba a regalar era una locura, la reparación entera salía como U$S50.000. Un día nos iba a entregar la plata y el anterior lo detuvieron. Y ahí me enteré de que el señor, que tenía visto porque venía a la iglesia y las monjitas lo conocían, era nada menos que el Chapo Guzmán”. Y contó que “Yo viajé a la Argentina llevando U$S30.000, y juré que nunca más lo iba a hacer. Otros hermanos llevaban dinero escondido adentro de una imagen de la Virgen de Guadalupe, en los bolsillos, en la ropa interior. Siempre estaban trayendo plata”.
Simesen y la fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, María Cecilia Flores Toranzos, reformularon el 11 de julio pasado el pedido de elevación a juicio en la causa que involucra al suspendido sacerdote Rubén Agustín Rosa Torino. Contaron con el aval del procurador general de la Provincia de Salta, Abel Cornejo, quien ratificó con su firma los argumentos esgrimidos por las integrantes del Ministerio Público Fiscal. Rosa Torino está acusado de “abuso sexual gravemente ultrajante por la duración, agravado por ser el autor ministro de culto reconocido”, en perjuicio de dos exnovicios de su congregación y de “abuso sexual simple”, en perjuicio una mujer. La imputación por esos delitos fue confirmada por la jueza de Garantías Nº 1, Ada Zunino. Las fiscales reformularon la acusación a partir de la resolución del 25 de junio pasado, cuando el juez de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, Adolfo Figueroa, declaró nula la elevación a juicio. Simesen de Bielke y Flores Toranzos dejaron constancia que no comparten los fundamentos de Figueroa y precisaron, a través de 54 páginas, cómo se inició la causa, las declaraciones de las víctimas, de testigos y las razones por las cuales se atribuyó Rosa Torino la comisión de los delitos que le imputan.
En el requerimiento, las fiscales expresan que, según consta en un informe del Arzobispado de Salta, Rosa Torino fue ordenado sacerdote para la arquidiócesis el 21 de noviembre de 1985 y estuvo incardinado (incorporado) allí hasta 2009 cuando se aprobó la creación del Instituto de los Discípulos de Jesús de San Juan Bautista. Rosa Torino creó varias sedes del instituto en el interior de Salta, en otras provincias y el exterior (Chile, México y España). A instancia del Arzobispado, en 2015 el Vaticano dispuso la intervención de la orden y se le suspendió la licencia para ejercer el sacerdocio.
