La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria, Verónica Simesen de Bielke, ordenó, dentro de las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal, una intervención de oficio para determinar si los hechos denunciados en los medios locales tienen características ilícitas.

Una investigación periodística reveló un listado de por lo menos 50 personas (un diputado, un intendente, un director de ANSeS y una mayoría de concejales) que solicitaron el IFE sabiendo que son empleados estatales.

El informe añadió que algunos de ellos accedieron al beneficio.

El gobernador, Gustavo Sáenz, repudió, a través de su cuenta de la red social Twitter, “la actitud miserable de aquellos concejales y políticos que utilizaron una herramienta como el IFE, creada con un fin noble y para los más afectados por la pandemia, para su propio beneficio”.

“Le pido a la Justicia que actúe con máxima celeridad y con todo el peso de la Ley”, expresó el mandatario salteño, quien destacó que “la política es servicio, es pensar en los demás, es trabajar por el bien común, para eso fuimos elegidos. No podemos defraudar la confianza de los salteños”.

Luego, Sáenz agregó: “Atravesamos uno de los momentos más tristes y dolorosos de la historia; por vergüenza, los que hicieron esto y no pueden demostrar lo contrario deberían renunciar a sus cargos”.

El IFE fue dispuesto por el gobierno nacional para trabajadores y monotributistas con mayor grado de vulnerbilidad , de entre 18 y 65 años, ante la declaración de emergencia sanitaria por el coronavirus dispuesta por la OMS.

Al IFE se sumaron un paquete de medidas que alcanzan a trabajadores formales de sectores críticos, informales, monotributistas, jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones y empresas.

En Salta, 322.416 personas perciben los 10 mil pesos del IFE.