El operativo estuvo a cargo de personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) perteneciente al Escuadrón 61 de Salvador Mazza y otras áreas operativas, dirigido por el fiscal federal de Tartagal, Marcos Romero, en el marco de una investigación criminal.

Esta investigación comenzó tras un llamado anónimo que avisó de una serie de maniobras de contrabando de exportación e importación con Bolivia.

Esto motivó medidas tendientes a reunir elementos de prueba y verificar la existencia de las actividades denunciadas, que consistían en el acopio de mercadería para contrabando en domicilios que se encuentran ubicados en lugares estratégicos, por su cercanía con la frontera.

Los voceros detallaron que se individualizaron cinco inmuebles en la localidad de Salvador Mazza, cuya parte posterior colinda con territorio boliviano, en los que se realizaba el acopio y luego el traslado al vecino país a través de la modalidad de “contrabando hormiga”, por la que se cobraba un “peaje”.

Los investigadores detectaron que, durante la noche, ciudadanos bolivianos ingresaban de manera clandestina para adquirir la mercadería de origen nacional que estaba en esos domicilios.

Desde la fiscalía federal indicaron que la actividad no sólo está prohibida legalmente, sino también transgrede las medidas sanitarias dispuestas en el marco de la pandemia de coronavirus, lo que genera un riesgo cierto para la salud pública de la comunidad.

A raíz de un primer informe, en el que se confirmó la presencia de vehículos de mediano porte y otros de grandes dimensiones -con mercadería mayormente comestible- en los domicilios apuntados, se profundizó la investigación y se obtuvieron registros fotográficos y fílmicos.

De allí surgieron indicios serios sobre las actividades de contrabando, entre las que no se descartó la posibilidad del tráfico de estupefacientes.

Posteriormente, Romero solicitó al Juzgado Federal de Tartagal, bajo la subrogancia de Gustavo Montoya, el allanamiento de los cinco inmuebles, y como resultado de los procedimientos se logró el secuestro de mercadería por un valor estimado en más de 9 millones de pesos.

Además, fueron incautados un poco más de un millón de pesos en efectivo, 7.000 dólares y 40 mil pesos bolivianos, junto a elementos importantes para el caso, como documentación y teléfonos celulares.