Las actuaciones son dirigidas por el titular dicha área, el fiscal Ricardo Toranzos.
Las diligencias se iniciaron el 26 de diciembre pasado y están dirigidas a verificar la situación de más de 200 empleados públicos de la provincia, quienes habrían percibido el beneficio económico dispuesto para dicho plan, dirigido a personas en estado de alta vulnerabilidad.
En el marco de la investigación, que se lleva adelante bajo la calificación de defraudación a la administración pública, ya se dispusieron varias medidas a fin de verificar las incompatibilidades entre los empleados que percibieron los pagos por dicho plan social.
