El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 7, para Elvio Rolando Aguirre como autor de los delitos de abandono de persona seguido de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal y para Abel Mónico Córdoba como autor del delito de violación de medio de prueba, registros o documentos.

En el requerimiento, Torres Rubelt expresa que en el marco de la investigación que se lleva adelante por el femicidio de Liliana del Valle Flores, se pudo determinar que del relevamiento de testigos y del análisis del celular del efectivo, al momento en que se produjeron las detonaciones en el interior de la vivienda de Flores, Aguirre se encontraba manteniendo una comunicación telefónica personal con una mujer, la que interrumpió al escuchar los disparos y para comunicarse con la dependencia policial de la que dependía.

El fiscal hace hincapié en el hecho de violencia familiar que se registró horas antes del femicidio, cuando la mujer alertó que su expareja la había golpeado y amenazado con un arma de fuego, y en que la consigna fija y personal que se le asignó a la víctima, debía velar por su bienestar y el de sus hijos hasta que Hedgar Exequiel Almirón fuera detenido.

En el caso de Córdoba, quien se desempeñaba como jefe de guardia de la subcomisaría de Los Pinares el pasado 24 de diciembre, la acusación sobreviene a partir del resultado de la pericia documentológica realizada por el Departamento de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales a uno de los registros del libro de guardia de la Subcomisaría de barrio Los Pinares, secuestrado el 24 de diciembre pasado, tras el femicidio de Liliana del Valle Flores.

En el registro de las 6.40 del 24 de diciembre de 2019 del instrumento público, se pudo comprobar que hubo adulteraciones en relación a las directivas dadas inicialmente por la Fiscalía Penal de Cerrillos tras la denuncia realizada por la víctima durante la madrugada.

Cabe señalar que la Fundación Cintia Fernández se presentó el pasado lunes ante el Juzgado de Garantías 7 como querellante en la causa y espera la resolución de la jueza Edith Rodríguez.