La medida se enmarca en las solicitadas por los fiscales, quienes ya imputaron preventivamente a distintos funcionarios por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte.

Las imputaciones que se realizaron entre el 14 y el 15 de mayo recayeron sobre el operador de Demanda Ciudadana, Pablo Ezequiel Bisón Enríquez; el supervisor de Demanda Ciudadana, Marcelo Rubén Tintilay Cordeyro; el despachante policial Héctor Roberto Herrera; el jefe de Despacho de Emergencias Policiales, Gustavo González, y el supervisor de Despacho, Normando Domingo Corbera.

En todos los casos, los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero consideraron que los imputados omitieron dar cumplimiento a sus distintas obligaciones y eso llevó a la muerte evitable de la docente Rosa del Milagro Sulca.

En tanto, el pasado 30 de abril, la Unidad Especial conformada por los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, imputó a los policías Antonio Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra, acusados de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, ambos en calidad de autores.

En tanto, el 4 de mayo, los fiscales imputaron al comisario mayor, Fabián Tolaba, por la comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real.