El imputado fue acusado por dos hechos. La primera denuncia fue presentada por la socia de un comercio dedicado a la venta de fotocopiadoras, insumos y repuestos. Palomino se contactó con la firma para retirar una fotocopiadora, asegurando ser empleado de una empresa minera. Previamente, había intercambiado mails con el local comercial, bajo otro nombre, para concretar la operación. En los correos había solicitado la cotización de la compra asegurando que la cancelación se haría en 45 días.

El día que se presentó en el comercio para retirar la máquina vestía indumentaria de una empresa minera. La cancelación de la operación nunca se hizo.

La otra denuncia fue presentada por el encargado del depósito de una empresa avícola. En este caso, Palomino se presentó aduciendo ser efectivo policial y pidió la cotización de cien cajas de pollos para la Policía. Señaló que la mercadería debía entregarse en la Comisaría Primera. Luego de un intercambio de mensajes, facturas y órdenes de compra, el imputado logró que le entregaran las cien cajas de pollos asegurando que el pago se realizaría próximamente mediante cheque, entregando a cambio de la mercadería una orden de pedido con sellos, pero sin ninguna firma.

Los encargados de la avícola sospecharon y siguieron al acusado cuando se retiró del depósito, con los pollos. Descubrieron que el destino de la carga no era la Comisaría Primera y llamaron a la policía. Luego verificaron que en la fuerza no existía ningún efectivo con el nombre que había dado Palomino.

El imputado fue condenado en un juicio abreviado llevado a cabo en la Sala II, presidido por la jueza María Victoria Montoya Quiroga.

Durante dos años, Palomino deberá cumplir estrictamente una serie de reglas de conducta para mantener la condicionalidad de la pena. Entre ellas, procurar una actividad laboral lícita y de acuerdo a sus capacidades; constituir domicilio y realizar tratamiento psicológico con presentación bimestral de las constancias que den cuenta del cumplimiento de esta medida.