La medida fue solicitada por la fiscalía luego de que el representante de Salud Pública denunciara que G.M.G y/o D.P.D.R. habían despojado de su usufructo a los pacientes en condiciones de utilizar esa vivienda, oportunamente acondicionada para su tratamiento terapéutico.
El Ministerio de Salud tomó conocimiento de la ocupación de la casa cuando la misma fue asignada para una menor que debía ser externada con seguimiento de control para evitar infecciones.
La residencia está destinada el alojamiento de pacientes y sus familiares para continuar con tratamientos fuera del hospital. La condición es que el grupo familiar carezca de una residencia adecuada.
