El caso surgió a partir de un reporte especial de auditoría realizado por la Sindicatura General de la Provincia, en el que se detallen algunas de lasirregularidades financieras detectadas en el manejo administrativo del Instituto Provincial del Pueblos Indígenas (IPPIS).

Dicho informe fue girado a la Secretaría General de la Gobernación, organismo que a su vez lo remitió a la Procuración General a fin de determinar la posible comisión de hechos delictivos, razón por la cual se dispuso la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, a la que se giró la documentación del caso.

Según lo informado desde la Secretaría General de Gobernación, las presuntas irregularidades detectadas por la Sindicatura General de la Provincia consisten en “una deficiente e informal registración de los ingresos y egresos de fondos sin ningún tipo de desarrollo que garantice la integridad y confiabilidad de los datos que contienen, como así también la falta de libros contables manuales ni de un sistema de registración financiero presupuestario”.

Cabe señalar que el IPPIS es un ente provincial autárquico, por lo que su manejo es autónomo a cargo de las autoridades que dirigen dicho organismo. No obstante, está sujeto a controles y auditorías como la realizada, en este caso, por la Sindicatura General de la Provincia.

Entre otras irregularidades señaladas, se reportó que “durante los años 2018 y 2019 se habrían entregado fondos con cargo de rendición a los responsables de las distintas etnias sin que se hubiese rendido el destino asignado a los mismos, como  así también retiro de dinero de la cuenta bancaria sin asignación específica y sin intervención del área contable”.

Por último también se detectó a partir del año 2017, la emisión de una cantidad determinada de cheques, cuya situación resulta incierta por no encontrarse en sus respectivas chequeras y por no estar registrada en el área contable del IPPIS, no obstante que algunos de esos títulos fueron presentados para el cobro y debitados de la cuenta bancaria.

A partir de este informe, ahora la Unidad de Delitos Económicos Complejos se encuentra abocada al análisis de la documentación del caso a fin de establecer la posible comisión de hechos delictivos, para lo cual no se descarta que se dispongan otras diligencias, entre ellas pedidos de informes y documentación.