Entre las primeras medidas dictadas durante los últimos días, Ramos Ossorio solicitó informes al Sistema de Emergencias 911 para verificar si se realizaron llamados para solicitar asistencia; cuántos se efectuaron en cada caso y qué respuestas se dieron.
Otros pedidos de informes fueron dirigidos al Comité Operativo de Emergencias- Central de Operaciones Control y Seguimiento Covid-19 (COCS Covid-19), que centraliza las distintas unidades de mando y comando de las operaciones de emergencia referente a la Covid-19; coordina las acciones con el sistema público y privado de salud, Ministerio de Salud Pública, organismos nacionales, provinciales, municipales y otros.
Además, requirió registros de verificaciones que se hicieron desde el SAMEC-Ministerio de Salud, con concurrencia o no a los domicilios de los pacientes; y a las instituciones sanitarias y organismos de salud, acerca de los pedidos de asistencia y tratamientos médicos dispensados. En el caso de Chañe, también se solicitó la historia clínica al Instituto Médico de Alta Complejidad, IMAC.
En otro sentido, el fiscal inició actuaciones para investigar si existió comisión de delito en un hecho en el que una persona activó el protocolo para Covid-19, luego de requerir asistencia sanitaria públicamente, aunque posteriormente se confirmó que no presentaba ningún síntoma compatible con la enfermedad.
