La fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos Económicos, Mónica Poma, representará al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra Nicolás Barreto, Víctor Rodriguez Diez Tizón, Roberto Nellessen, Esteban del Corazón Jesús Clemente, Nelson Horacio Salazar y Marcela Cinthia Martínez por irregularidades en la adjudicación de lotes en el los terrenos anexos al barrio Parque La Vega.
Diego Nicolás Barreto se encuentra acusado por asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (30 hechos) y exacciones ilegales simples (8 hechos) en concurso real, como jefe organizador; Esteban del Corazón Jesús Clemente, por asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (20 hechos) y exacciones ilegales simples (3 hechos), como integrante de la asociación y partícipe necesario en concurso real; Víctor Rodrigo Diez Tizón, por asociación ilícita; Marcela Cinthia Martínez, por asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (4 hechos) y exacciones ilegales simples (3 hechos), como integrante de la asociación y partícipe necesaria en concurso real; Nelson Horacio Salazar, por asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (7 hechos) y exacciones ilegales simples (1 hecho), como integrante de la asociación y partícipe necesario en concurso real; Roberto Martín Nellessen por asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (1 hecho), como integrante de la asociación y partícipe necesario, en concurso real.
La fiscal señaló que las pruebas reunidas permiten sostener que los acusados conformaron una organización delictiva, la cual estaba dirigida a la “concreción de hechos ilícitos en perjuicio de la administración pública, bajo la dirección de uno de ellos”.
“La jefatura de esa Asociación Ilícita” era ejercida por el imputado Barreto, lo cual era manifiestamente evidenciado por los “punteros”, quien al hacer los contactos con los damnificados, afirmaban “la participación directa de Barreto”, por entonces Subsecretario de Tierra y Hábitat, en la maniobra.
El resto de los imputados, en tanto, cumplía la función de integrantes o partícipes de la asociación ilícita, delito por el cual el Código Penal establece una pena de hasta diez años de prisión, pues se trata de uno de los actos de corrupción más grave, sobre todo si se cometen dentro del ámbito de la función pública.
Poma expresó en su requerimiento que las pruebas reunidas corroboran “la hipótesis inicial de esta Unidad de la existencia de una operatoria reiterada y coordinada por parte de los imputados destinada a la obtención de rédito económico y apoyo político a cambio de la promesa de adjudicación de un inmueble social por parte de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat de la Provincia”.
La audiencia se desarrollará en instalaciones del Tribunal Electoral de la Provincia y está previsto que se desarrolle hasta el 27 de Noviembre.
