Además, la Fiscal solicitó la prisión preventiva de los seis empleados de la comuna y de las dos personas externas.

Salinas Odorisio tomó la determinación luego de analizar las pruebas recolectadas por el personal de la Unidad Especial de Investigaciones, dependiente del Departamento Investigaciones y Criminología del CIF.

El modus operandi

Las pruebas aportadas por la UEI permitieron a Salinas Odorisio determinar que los empleados municipales -en el transcurso del desempeño de sus funciones- cargaban combustible en una estación de servicio ubicada en avenida del Bicentenario de la Batalla de Salta al 500, para luego trasladarse a los domicilios de Gutiérrez y Fabián en Laguna Escondida (que se encuentra en la zona Sudeste  – al norte del Barrio Justicia y al sur de barrio Solidaridad). 

Allí extraían el combustible que había sido cargado previamente en los camiones cuyo manejo tenían encomendado y acopiarlo en el lugar, así como también áridos que pertenecían a la Comuna. 

Las pruebas también permitieron determinar que luego las mismas personas vendían el combustible mal habido a terceros.