El allanamiento se llevó a cabo este martes en horas de la mañana por orden de la Fiscalía Federal de Orán y en su transcurso, los gendarmes se llevaron información de vital importancia para avanzar en la dilucidación del caso que tomó estado público en marzo de este año.

El despliegue de las fuerzas de seguridad en el edificio municipal llamó la atención a los vecinos que pasaban por el lugar y encontró al intendente local, Enrique Prado, en viaje hacia la ciudad de Salta, donde tenía prevista una serie de encuentros con funcionarios provinciales para gestionar obras para la localidad.

No es el primera medida de este tipo dispuesta en este caso, ya que el mes pasado se decomisaron en Mosconi tres camiones, se allanaron  dos inmuebles y se encontraron 128 caños de 24 pulgadas sustraídos, valuados en más de 38 millones de pesos.

Mientras, en diálogo con medios locales, el intendente Prado buscó quitar dramatismo al allanamiento de sus oficinas al indicar que el procedimiento correspondía y servirá para "desvincular al municipio del delito que se haya cometido".

"Esto permitirá limpiar el nombre del municipio y el mío por un delito que se cometió en otros lugares", insistió Prado, que sin embargo reafirmó la existencia de la resolución municipal por la cual declaraba a los caños de ese gasoducto en construcción como "pasivos ambientales", autorizando su retiro y posterior transporte.

Prado dijo que instruyó a su secretario de gobierno para que preste toda la colaboración con el personal de seguridad; anunció que la próxima semana concurrirá al Concejo Deliberante local para aclarar las dudas de los ediles y que será la justicia la que dictamine quienes son los culpables, "que no están en Aguaray", insistió.