La Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, a cargo de María Eugenia Guzmán, requirió juicio para un hombre de 39 años, imputado por los delitos de estafas reiteradas (6 hechos) y retención indebida en concurso real.

La investigación se inició a partir de denuncias realizadas por los damnificados, quienes eran coincidentes en resaltar que tomaron contacto con el acusado a través de terceras personas que les planteaban la posibilidad de obtener una vivienda social a través de un conocido que trabajaba como empleado público y que tenía “influencias” para agilizar los trámites a cambio de dinero.

El modus operandi del imputado consistía en solicitar a sus víctimas la entrega de dinero (entre 50 y 70 mil pesos iniciales) para dar comienzo a las gestiones que asegurarían la entrega de una vivienda social. Luego y a través de diferentes contactos telefónicos, les solicitaba sumas menores para otras diligencias.

Para mantener la confianza de sus víctimas, les enviaba mensajes, les enseñaba llaves e incluso llegó a llevarlos a bordo de un vehículo utilitario al barrio El Huaico, mostrarles viviendas que estaban siendo construidas y ofrecerles que eligieran cuál casa preferían.

Cuando se acercaba el momento de la entrega prometida, inventaba excusas dilatorias y hasta llegó a citarlos al IPV para que completaran trámites inexistentes. Descubierta la maniobra, bloqueaba a sus víctimas y perdían todo tipo de contacto.

En la investigación llevada a cabo por la Unidad de Delitos Económicos Complejos, se logró confirmar que el acusado no perteneció ni pertenece a la nómina de empleados del Instituto Provincial de la Vivienda bajo ninguna modalidad y que fue condenado anteriormente por hechos similares.