La jueza Mónica Mukdsi, vocal de la Sala VI del Tribunal de Juicio, le impuso al condenado el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta por el lapso de dos años: fijar residencia, comunicar cualquier cambio y someterse al cuidado del Patronato de Presos y Liberados; presentarse dentro de los diez primeros días del mes, semestralmente, ante esa institución para mantener actualizado su domicilio y acreditar el cumplimiento de las reglas de conducta; realizar tratamiento con un profesional en psicología, previa evaluación de su necesidad y eficacia, y presentar las constancias que de cuenta de su cumplimiento cuando comparezca; prohibición de cometer nuevo delito. Todo ello con apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la condena impuesta.

La jueza dejó además sin efecto las medidas sustitutivas impuestas el 5 de diciembre de 2014 por el Juzgado de Garantías de Tercera Nominación al otorgársele la libertad.

Finalmente, ordenó que se le realice al condenado un examen genético (ADN) para su incorporación al Banco de Datos Genéticos, previa asignación del DUIG por el Registro provincial de condenados vinculados a delitos contra las personas y contra la integridad sexual.

El imputado fue denunciado por tres alumnos de la Escuela de Oficiales de la Policía, institución donde se desempeñaba como docente civil.