El juez de Garantías 2, Ignacio Colombo ordenó la prisión preventiva de Noemí Nancy Bruna, Sergio Eduardo López, Javier Ramón Costilla, Pedro Gustavo Carrizo, Exequiel Alfredo Thiz, Sandra Elizabeth Serrudo, Ricardo Enrique López, Daniel Federico Visgarra, Rafael Antonio Siares y Carlos Alfredo Erazo, todos imputados como presuntos autores responsables de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravado por la participación de tres o más personas en forma organizada y por haberse cometido por funcionarios públicos encargados de la prevención y persecución de los delitos que contempla la ley 23737; asociación ilícita, confabulación, violación de secretos, omisión de los deberes del oficio e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
Carrizo, Siares, Erazo, Visgarra, Ricardo López, Bruna, Sergio López y Costilla, son funcionarios policiales.
Recordó el juez que “toda afectación de la libertad durante el proceso es de carácter restrictivo puesto que tiene una naturaleza jurídica cautelar, es decir que ella procede exclusivamente para garantizar que los fines y efectos del proceso puedan ser debidamente cumplidos. El encarcelamiento durante el proceso tiende a asegurar, tal como lo dispone el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “la comparencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”.
Las detenciones se produjeron a partir de una intervención en el teléfono de Serrudo, en cuyo domicilio se habrían comercializado estupefacientes en el barrio Alta Tensión de esta ciudad.
Según los informes, existía complicidad entre Serrudo y los efectivos policiales que pertenecían al Grupo Investigativo Sector 5 de la Policía provincial quienes habrían desviado intencionalmente las investigaciones en contra de la mujer.
Los allanamientos a cargo de la Policía Federal en el domicilio de Serrudo y el policía Carrizo fueron ordenados por el juez Colombo, como también las requisas del personal policial del Grupo Investigativo Sector 5.
