Las internas, que presentaron la acción denunciaban el presunto maltrato al que eran sometidas por una oficial principal. Todas fueron recibidas en audiencia por el juez los días 23 y 24 de abril pasado, relatando en la ocasión versiones diferentes de lo sucedido y señalando en la oportunidad pretender en realidad mantener entrevistas con sus defensores, conocer el estado de sus causas o que se resolvieran sus pedidos de prisión domiciliaria.

Las detenidas ya habían presentado un pedido similar ante la Jueza de la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal con competencia en Ejecución y Detenidos, María Soledad Rodríguez y el Secretario Boris Romero. 

La situación planteada, dijo el juez Anastasio Vázquez Sgardelis, no encuadra en el agravamiento ilegítimo de su detención, sino que puede ser resuelta en una instancia administrativa y en caso de no ser resuelta, a través del Juez de Ejecución. El planteo tiene como fundamento una disconformidad con lo resuelto por la administración penitenciaria, por lo que el juez rechazó el trámite dando intervención al Fiscal de Derechos Humanos a los fines pertinentes y con la finalidad de evitar un desgaste jurídico.

Recordó que la acción exige como requisito ineludible previo a su formal planteo y procedencia, la elocuente y evidentísima razón de haberse agotado en plenitud los remedios procesales que habilita a articular a las partes la ley de la materia ya que el Hábeas Corpus no es un remedio procedimental ordinario.