El tribunal estuvo integrado por los jueces Norma Beatriz Vera (presidenta), Roberto F. Lezcano (vocal) y Mónica Faber (vocal interina).
Los jueces ordenaron que, atento a la naturaleza de los hechos por los que resultó condenado, el imputado reciba tratamiento psicoterapéutico. Dispusieron que el director del Servicio Penitenciario realice las diligencias para dar inmediato cumplimiento a esta medida y que se remitan las constancias respectivas en un plazo de 72 horas.
Finalmente, los jueces dispusieron que el condenado sea examinado por un médico del Poder Judicial para la obtención de sus señas particulares y que, a través del CIF, se le extraigan muestras de ADN, previa asignación del DUIG correspondiente, para su posterior incorporación al Banco de Datos Genéticos.
Los hechos ocurrieron en Cafayate, en 2017. El proceso se inició a partir de la denuncia de la maestra de séptimo grado de la escuela a la cual concurría la víctima, quien en ese momento tenía 12 años de edad. La maestra relató que había advertido cambios en la conducta de la niña, quien solía ser buena alumna. Además la notaba triste y deprimida. El 27 de noviembre de 2017, cuando se encontraban en la escuela, observó que la menor lloraba. Se acercó a consultarle el motivo y le respondió que estaba triste porque había muerto su perro. La maestra no se quedó conforme con esa respuesta y más tarde retomó el diálogo con la menor. La niña le confesó entonces que desde comienzos de 2017 hasta ese momento (noviembre) venía sufriendo abusos de su padrastro, G. Y. A. G. Esto sucedía los fines de semana, cuando la madre de la víctima se ausentaba del hogar por motivos laborales.
