La jueza Mónica Faber, vocal de la Sala V del Tribunal de Juicio, ordenó la libertad del condenado y le impuso una serie de reglas de conducta: no cometer nuevo delito; prohibición de acercamiento a la víctima, a los lugares que ella frecuenta y a su domicilio en un radio de 300 metros; prohibición de establecer todo tipo de contacto con la menor, por cualquier medio de comunicación; realizar tratamiento psicológico previa acreditación de su necesidad, en una institución pública o privada, por el tiempo que el profesional determine, y presentar la constancia correspondiente en un plazo de diez días hábiles; someterse al control del Programa de inserción social y supervisión de presos y liberados. Todo ello por el lapso de tres años, con apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena impuesta.

La jueza dispuso finalmente la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Omar Ignacio Lamas fue denunciado por el padre de la menor damnificada.

El denunciante refirió que el 17 de marzo de 2018 tomó conocimiento por parte de su concuñado que su hija N. B. L, de 15 años, estaba siendo acosada por un hombre mayor de edad a través de Facebook.

Las comunicaciones entre el imputado y la menor salieron a la luz porque N. B. L. había interactuado con Lamas desde el celular de un familiar y había dejado el chat abierto. En la conversación, el imputado le ofrecía dinero y drogas a cambio de mantener relaciones sexuales con él.

Los padres de la adolescente le pidieron entonces que les mostrara su cuenta de Facebook. Allí pudieron verificar que el imputado la citaba a su casa y le pedía que le enviara fotos de ella sin ropa.