El juez dispuso que el condenado continúe en libertad debido a la modalidad de la pena impuesta y le fijó las siguientes reglas de conducta: fijar residencia, mantenerla actualizada y someterse al cuidado del Programa de Inserción Social y Supervisión de Presos y Liberados de Salta, sometiéndose a controles bimestrales de conducta; prohibición de acercamiento a las víctimas y a su grupo familiar a una distancia menor de 300 metros, tanto en el domicilio donde ellas residen como en instituciones educativas, laborales, de esparcimiento y cualquier otro lugar de concurrencia habitual de las mismas; prohibición de establecer contacto con las víctimas y su grupo familiar por cualquier medio (electrónico, telefónico o cualquier medio tecnológico de transmisión de datos); someterse a un tratamiento psicológico durante el lapso que el profesional tratante determine y presentar constancia que acredite su inicio en un plazo de quince días, y las que den cuenta de su evolución cada tres meses; abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de las bebidas alcohólicas. Todo ello con expreso apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena impuesta en caso de incumplimiento injustificado.