Las imputaciones recayeron sobre el operador de Demanda Ciudadana, Pablo Ezequiel Bisón Enríquez; el supervisor de Demanda Ciudadana, Marcelo Rubén Tintilay Cordeyro; el despachante policial Héctor Roberto Herrera; el jefe de Despacho de Emergencias Policiales, Gustavo González, y el supervisor de Despacho, Normando Domingo Corbera.

En todos los casos, los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero consideraron que los imputados omitieron dar cumplimiento a sus distintas obligaciones y eso llevó a la muerte evitable de la docente Rosa del Milagro Sulca.

El operador de Demanda Ciudadana, Pablo Ezequiel Bisón Enríquez, de 30 años, fue quien atendió el llamado de auxilio de Rosa Sulca, cuando ella advirtió que su vida corría peligro. Fue imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, toda vez que en su calidad de agente integrante del Sistema de Emergencias 911 y dentro de las previsiones del artículo 77 del Código Penal, omitió dar la importancia que revestía la llamada de clara de emergencia, y que con una conducta omisiva, puso en peligro concreto la vida de una persona al no desplegar una conducta activa que pudo evitar el resultado lesivo.

El supervisor de Demanda Ciudadana, Marcelo Rubén Tintilay Cordeyro, de 34 años, fue imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, toda vez que, encontrándose a su cargo el contralor de las actividades llevadas a cabo por el operador, incumplió deliberadamente las obligaciones a su cargo al retirarse de su puesto de trabajo por un lapso de 30 minutos sin que otra persona supervisara las actividades, lo que conllevó al peligro concreto hacia la vida de extinta.

El despachante policial, Héctor Roberto Herrera, de 45 años, fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real, por incumplir deliberadamente las obligaciones a su cargo consistentes en informar al Jefe de turno y al Supervisor sobre la emergencia en la cual una persona solicitaba auxilio, lo que conllevó ello al resultado fatal de la muerte de Rosa Sulca, ya que al ser la persona que tuvo contacto directo con los recursos de calle, no dio cumplimiento a las previsiones legales.

El jefe de Despacho de Emergencias Policiales, Gustavo González, de 41 años, fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real, por omitir dar cumplimiento a sus funciones al no haber asignado otros recursos para verificar un incidente de tal magnitud, contando con la posibilidad cierta de escuchar el audio para tomar una decisión en orden a la asignación correcta.

El supervisor de Despacho, Normando Domingo Corbera, de 42 años, fue imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real, quien pese a haber consignado una situación de “pedido de auxilio”, omitió cumplir con lo que dispuesto por el Reglamento Orgánico y Funcional de la Dirección Centro de Coordinación Operativa al no haber asignado otros recursos para verificar un incidente de tal magnitud, teniendo en todo momento a su disposición el audio de la llamada de auxilio.

Imputaciones previas

El 30 de abril, La Unidad Especial conformada por los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, imputó a los policías Antonio Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra, acusados de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, ambos en calidad de autores.

En tanto, el 4 de mayo, los fiscales imputaron al comisario mayor, Fabián Tolaba, por la comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real.