Para tomar tal decisión, el Tribunal hizo lugar al pedido de La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, quien representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate en la que se impuso al condenado la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, además de ordenar la continuación de la detención en la Unidad Carcelaria 2, de Metán y que el condenado inicie tratamiento psicológico y sea examinado por un médico psiquiatra del hospital El Carmen.

En el mismo fallo, el Tribunal resolvió unificar una pena impuesta previamente, por abuso sexual simple.

Una vez firme la sentencia, se procederá a la extracción de material genético del condenado, por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y su posterior inscripción en el Banco de Datos Genéticos, previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG). Además, el Servicio Médico Forense, realizará el informe físico para su identificación integral y se tomará la fotografía actualizada del condenado y la impresión del juego de huellas dactilares.

La intervención de la Fiscalía Penal comenzó en marzo de 2018, cuando una hermana del condenado y tía de las víctimas, lo denunció. El hombre convivía con su pareja, madre de las cinco menores. Durante la investigación, se pudo comprobar a través de los exámenes médicos correspondientes, que sometió sexualmente, con acceso carnal y en distintas oportunidades, a las hijas de 17, 14 y 9 años.