El proyecto se fundamenta en el aumento del número de detenidos por causas federales en Salta, que en los últimos diez años creció un 58%; lo que llevó al hacinamiento en la unidad penitenciaria más cercana, en General Güemes.

Sostiene Zottos que según datos del Sistema Nacional de Estadísticas Sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), hasta diciembre de 2016, el 84% de los presos de Salta estaban privados de la libertad por infracciones a la Ley 23.737 de comercialización o producción de estupefacientes y gran parte de estos delitos federales se producen en la frontera norte de la provincia.

Actualmente, existe una superpoblación carcelaria en esta región. Los calabozos se encuentran sobrepasados, se alojan el triple de reclusos de los permitidos y algunos pueden residir por más de tres meses. La ausencia de recursos materiales y humanos suficientes para atender el problema provoca que muchos sean derivados a las unidades de la región centro de la provincia – General Güemes y Ciudad de Salta –, las cuales también advierten una superpoblación importante en relación con la cantidad de detenidos que están capacitadas para recibir.

Si bien la Justicia es quien decide el traslado, muchas veces la orden queda trunca al ver que estas unidades carcelarias tampoco cuentan con el cupo disponible para recibir nuevos internos, sostiene el proyecto de declaración.

Y aclara que, a través de la Ley 26.707 se creó el Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal, junto con su fiscalía, donde se consideran los delitos por contrabando de estupefacientes. No obstante, se hace imperiosa la construcción de una unidad carcelaria en cercanías del tribunal a fin de evitar el traslado de los reclusos y lograr así descomprimir el sistema penitenciario que en toda Argentina se encuentra colapsado.

“Lo ideal sería no tener que construir cárceles, sino escuelas o fábricas, pero la realidad nos demuestra que hay delitos complejos que van en aumento y quienes los cometen deben ser encarcelados”, reflexionó Zottos.