Para ello avanza la elaboración de un Proyecto de Ley de “Razonabilidad en las tarifas de los servicios públicos”, que de alcanzar los dos tercios necesarios, podrá ser debatido en la sesión especial convocada para este miércoles a las 11:00 hs.

En líneas generales, el proyecto retrotrae las tarifas al 1 de noviembre de 2017 y propone comenzar a indexar los aumentos de servicios públicos por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) con una duración mínima de un año, periodo durante el cual no se podrá incrementar el monto por ningún mecanismo de actualización.

Para el caso de las Pymes y Cooperativas de trabajo se considerarán tarifas justas  aquellas cuyo aumento anual no exceda el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mayorista publicado por el Instituto de Estadística y Censos (INDEC), en este caso con una estabilidad mínima de 9 meses. Además para el caso de clubes de barrio y entidades de bien público se establece una tarifa diferenciada con una reducción del 50% de la que pagan las Pymes.

El proyecto establece que si, como consecuencia de la revisión de las tarifas establecidas desde el 1 de noviembre de 2017, en los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica, transporte y distribución de gas, agua potable y desagües cloacales; transporte público automotor y ferroviario de pasajeros, los usuarios hubieran abonado durante el año 2018 por el servicio un monto que resulta mayor al establecido, por el valor del excedente se generará un crédito a favor del usuario computable al próximo periodo del consumo.

Finalmente, se crea la tarifa social universal de servicios públicos de suministro eléctrico residencial, gas natural por redes, y agua corriente, dirigida a los sectores más vulnerables de la sociedad.

“Consideramos que esta iniciativa constituye un proyecto superador y esperamos que se pueda dar un debate que toda la sociedad espera”, sostuvo Zottos.