El plan fue lanzado en conferencia de prensa por el titular de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, y por el diputado y candidato de La Libertad Avanza en las próximas elecciones de octubre, José Luis Espert.

“Queremos blindar al ciudadano de bien”, dijo el legislador. “No son los argentinos los que están en falta con el Estado, sino el Estado con los ciudadanos, agregó y luego cargó duramente contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al que llamó ”soviético", y contra los diputados que avanzaron en el Congreso con cambios previsionales.

“Los diputados y senadores de la Nación tienen que elegir entre acompañar el proyecto y que los argentinos sean libres y normalicen su situación patrimonial, u oponerse y condenarlos a esconder sus ahorros bienhabidos”, sumó cuando este medio le preguntó por la suerte de este proyecto luego de la derrota de con relación a los jubilados.

Pazo explicó sin detalles la iniciativa oficial que se giró al Congreso y aclaró, ante una consulta de LA NACION, que el blindaje es sólo para para quienes adhieran el régimen simplificado de ganancias, que ya lanzó el Gobierno.

El objetivo del plan oficial es que quienes tengan su dinero o su patrimonio en la informalidad encuentren un vehículo para formalizarlo, pagar impuestos y poder aprovechar el crédito. Todo, con garantía legal de que no serán perseguidos en el futuro. Además, el Ejecutivo busca que se recaude más y sumar dólares a las reservas del Banco Central (BCRA).

La fase dos tiene que ver con el régimen simplificado de Ganancias que presentó a fines del mes pasado el Gobierno. Este está pensado para personas residentes -los no residentes quedan afuera- sucesiones indivisas, mientras que los grandes contribuyentes quedarán afuera.

El proyecto de ley delimita el universo: podrán entrar los que tengan ingresos totales anuales por hasta $1000 millones y quienes no tengan $10.000 millones de patrimonio.

El objetivo de este paso es que los aproximadamente 5 millones de monotributistas y trabajadores informales formalicen su patrimonio. Si bien no se modifican alícuotas -ni bajan costos- para pasar de ser un informal o un monotributista a un responsable inscripto, para el Gobierno hay dos incentivos: aquel que se adhiera tendrá por ley una especie de tapón fiscal (no mirarán su variación patrimonial ni sus consumos) y, según creen en el Gobierno, esto redundará en que puedan aprovechar al máximo el renacimiento actual que tiene el crédito.

Es que una vez adherido, el régimen simplificado de ganancias calculará el pago que tiene que hacer el contribuyente -este lo podrá visualizar y rectificar-, generará un VEP (volante de pago) y al pagar, según la modificación que incluye el proyecto por ley, habrá un efecto liberatorio más allá de la variación patrimonial existente. A partir de la próxima declaración, los nuevos bienes que aparezcan sí pagarán Bienes Personales.

La fiscalización de ARCA se limitará, contaron, sólo a la última declaración jurada presentada. En el oficialismo aclararon que alguien que hoy sea un gran contribuyente sin bienes registrados podrá ingresar al régimen simplificado y no se mirará su incremento patrimonial. Una vez saneado su pasado y con cerrojo legal, a la hora de presentar la próxima declaración quedará afuera del sistema.