La senadora nacional Nora Giménez defendió en la sesión de este miércoles el proyecto de Régimen de Promoción de las Inversiones en la Construcción de viviendas que envió el Gobierno Nacional, al que definió como “un incentivo a la construcción en un momento en donde la vivienda propia es una gran demanda social”. La legisladora destacó que la iniciativa apunta a enfrentar el problema del déficit habitacional, que en el caso de Salta supera las 72.000 viviendas, y señaló que para ello se busca acudir a fondos privados, pero en condiciones de transparencia e igualdad.
Advirtió que los proyectos a desarrollar no se podrán beneficiar con excepciones, y que los hombres y mujeres que ejercen cargos públicos de trascendencia no podrán beneficiarse del blanqueo incluido en el proyecto
Giménez también repasó algunos números vinculados a la actividad de la construcción, y reveló que en el país hay entre 55 y 60 mil obras de viviendas paralizadas, cifra que estimó que podría ser el piso de la recuperación de la actividad. Finalmente destacó que de acuerdo a un informe oficial, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, entre 2012 y 2015, a través del Procrear se invirtieron en todo el país más de 2.900 millones de dólares; mientras que entre 2016 y 2019, en la gestión de Mauricio Macri, se invirtieron en ese mismo objetivo sólo 32 millones de dólares.
La flamante ley, que obtuvo el apoyo unánime de los senadores, busca fomentar las inversiones en la obra privada para motorizar este sector de la economía, que fue muy afectado por la pandemia. Contempla obras que una vez que sea promulgada la ley no hayan iniciado o una vez entrada en vigencia tengan menos del 50% en construcción.
Prevé beneficios impositivos y blanqueos en pesos y en dólares ante la AFIP para quienes realicen las inversiones. Quienes ingresen al régimen mediante el blanqueo, que estará abierto por 120 días, deberán pagar un impuesto especial que va del 5% al 20%, de acuerdo a la fecha de ingreso. Pero al mismo tiempo serán eximidos del pago del impuesto de los Bienes Personales en los activos financieros que estén destinados a estas inversiones.
