Es importante resaltar que estos datos difieren de los de la Administración Pública Nacional, que arrojó déficit en febrero, como muestran los informes realizados, por ejemplo, por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que sólo analiza APN, la cual es un subconjunto dentro del Sector Público Nacional. Este último involucra en el análisis otros organismos, que son los que le aportan superávit, y arroja datos base caja (no con criterio devengado). 
El resultado positivo es producto, al igual que en enero, de un fuerte recorte en los gastos.
•    Los ingresos totales en febrero fueron de $5,5 billones, con una caída de 6,3% ajustado por inflación. Aunque hubo incrementos en la recaudación de los impuestos asociados al comercio exterior (retenciones +34%, derechos de importación +31%) principalmente debido al salto cambiario, éstos no alcanzaron a compensar la caída en otros tributos asociados a la actividad (aportes y contribuciones a la seguridad social -22%, débitos y créditos -2%, IVA interno).
•    El superávit entonces no es producto de un incremento en la recaudación sino de un brutal derrumbe del gasto de 36,4%. Éste es explicado por la caída de todas las partidas presupuestarias, la mayoría con reducciones reales de dos dígitos.
•    De cada $100 de ajuste en febrero, $35 correspondieron a recortes en jubilaciones, siendo el principal factor explicativo de la reducción real del gasto. Le siguen en importancia los gastos de capital (que aportaron el 23,7% del ajuste total) y los subsidios económicos, principalmente energéticos (por la falta de transferencias a CAMMESA), que impactaron en la suba de tarifas tanto de transporte como de gas y luz.
•    Los problemas ocasionados por la demora en las transferencias a CAMMESA abren un interrogante sobre la sostenibilidad del ajuste llevado adelante por el gobierno.
•    Las transferencias a provincias se redujeron 85% en términos reales, principalmente explicadas por la eliminación del FONID y del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
•    Los gastos de capital registraron una disminución real del 88% en febrero, con una ejecución prácticamente nula debido a la decisión de paralizar la obra pública. La inversión en infraestructura fue mínima, alcanzando niveles no vistos desde febrero de 2017.
•    Con un superávit fiscal acumulado de $3,2 billones en el primer bimestre del 2024, es probable que se cumpla la meta fiscal modificada por el FMI, que requiere un superávit de $962.000 millones para el primer trimestre del año.