Tras un receso de tensa calma en el mes de enero, el Congreso vuelve al ruedo en el marco de las sesiones extraordinarias, que arrancan este lunes y se extenderán hasta el 27 de febrero. En el tercer año parlamentario que enfrenta el presidente Javier Milei, el temario incluye como platos fuertes la “modernización” laboral y la baja de edad de imputabilidad, dos proyectos tan polémicos como centrales para la gestión y el relato libertarios.

El oficialismo trabaja contrarreloj para lograr sendas aprobaciones en debates cruzados y posibilitar que el presidente Javier Milei tenga una apertura triunfal de sesiones ordinarias el 1ro. de marzo. Sin embargo, los tiempos son acotados y los consensos no son fáciles de lograr. Sobre todo con la reforma laboral, donde las negociaciones con gobernadores se atascaron por el capítulo que perjudica las arcas provinciales.

La hoja de ruta de las extraordinarias también incluye la flexibilización de la normativa sobre los glaciares; el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y la designación de Fernando Iglesias como embajador argentino ante la UE. Si bien se discutió la posibilidad de incorporar la emergencia ígnea por los incendios en la Patagonia, finalmente el Poder Ejecutivo la declaró por decreto.

Aunque La Libertad Avanza creció en el Congreso y redujo su dependencia de aliados tras la última elección, aún está lejos de la mayoría propia: en el Senado necesita sumar 16 voluntades, y en Diputados, 34. Y aunque el PRO, la UCR y fuerzas provinciales mantienen su ánimo colaborativo, no están dispuestos a aprobar ninguna ley a libro cerrado. Por eso, cada debate representa un desafío para los violetas.

La reforma laboral es el mayor reto para el Gobierno y, en particular, para la jefa del bloque, Patricia Bullrich, quien encabeza las negociaciones con senadores aliados mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, hace lo propio con gobernadores aliados. Los mandatarios muestran voluntad de acompañar la reforma para generar empleo formal, pero no están dispuestos a ceder sus propias cajas.

Imputabilidad

En Diputados, Gabriel Bornoroni y Laura Rodríguez Machado, presidentes respectivamente del bloque libertario y de la Comisión de Legislación Penal, trabajan para conformar durante la semana las dos comisiones que faltan (Justicia, y Familia, Niñez y Juventudes) para reiniciar el debate de la baja de la edad punible, un tema que quedó a mitad de camino en 2025 porque no se cerraron los consensos necesarios.

La iniciativa fue incorporada a posteriori en el temario de extraordinarias como reacción al asesinato del joven Jeremías Monzón en Santa Fe, donde están involucrados tres menores. Bullrich se reunió el último viernes con su madre, Romina, y le prometió el avance de la ley, pero lo cierto es que en Diputados hay objeciones y dudas por parte de las bancadas dialoguistas.

En primer lugar, advierten que el acuerdo para bajar la edad punible (actualmente fijada en 16 años) llega hasta los 14 años y no 13, como pretende Bullrich. Ese fue, de hecho, el consenso plasmado el año pasado en un dictamen que no llegó al recinto. De esta manera, el oficialismo tendría que volver a bajarse de su pretensión original en pos de reunir votos.

La discusión no solo gira en torno a la edad, sino también al costo fiscal: las provincias, que ya temen perder recaudación por la baja de Ganancias en la reforma laboral, reclaman que la Nación garantice los fondos necesarios para poner en marcha los centros de detención donde los nuevos delincuentes deberán ser alojados y recibir educación, atención médica y tratamientos en caso de adicciones. La cifra presupuestaria es una incógnita, como también la forma en que se financiará.