El Poder Ejecutivo promulgó este lunes la Ley 27.793, que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad -que el Congreso ratificó rechazando el veto del presidente Javier Milei- hasta el 31 de diciembre de 2026, pero resolvió suspender su implementación hasta que el Poder Legislativo defina cómo se financiarán los gastos y contemple las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.
La medida quedó oficializada mediante el Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial. El lunes pasado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había confirmado la promulgación de la norma, pero condicionó su aplicación a que se defina su financiamiento.
“El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente. Si fuera por mí me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas”, explicó el ministro coordinador.
En el texto de la medida, el Poder Ejecutivo justificó la suspendió la aplicación de la legislación por el "impacto fiscal" que, entiende, implicaría para las cuentas del Estado. De acuerdo a los cálculos oficiales, la creación de una nueva pensión demandaría $2.166.985.900.000 durante 2025 (equivalente al 0,26 % del PBI) y un adicional de $4.706.628.500.000 en 2026 (0,47 % del PBI).
A ese monto se agregan los costos del Programa Incluir Salud, que otorga cobertura médica a beneficiarios de pensiones no contributivas, con $574.200.000.000 en 2025 (0,07 % del PBI) y $1.239.266.000.000 en 2026 (0,12 %). También se suman $278.323.000.000 (0,03 % del PBI) por la compensación extraordinaria a prestadores. En total, el gasto ascendería a $3.019.508.900.000, equivalente al 0,35 % del PBI.
