Unas de las razones centrales fue que el oficialismo incluyó en el dictamen remitido con fijar la edad imputabilidad en 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como había quedado asentado en el texto del año pasado.

El proyecto que crea un régimen penal reforma penal juvenil. El proyecto es muy similar al que tuvo dictamen en mayo del 2025, con la salvedad que, en esta oportunidad, el Gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley.

El dato presupuestario figura en el artículo 51. Allí se aclara que, para hacer efectiva la ley, se destinará un monto total de $23.739.155.303,08, con financiamiento desglosado entre el Ministerio de Justicia ($3.131.996.784,28) y la Defensoría General de la Nación ($20.607.158.518,80). En la versión previa, el punto fiscal se apoyaba más en fórmulas generales y facultades de readecuación de partidas, un esquema que venía siendo cuestionado incluso por la propia Casa Rosada cuando se trataba de leyes impulsadas por la oposición.

En el proyecto original se dejaba librado el financiamiento a la discrecionalidad de Jefatura de Gabinete, lo que levantaba la sospecha de que la ley terminara siendo letra muerta.

En la nueva versión, se disponen más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

Por otra parte, el proyecto remitido por el Gobierno el lunes establecía un régimen penal juvenil “aplicable a personas desde los 13 años hasta las 0 horas del día en que cumplan 18”, cuando fueran imputadas por delitos previstos en el Código Penal o leyes especiales. Ese número —13— es el corazón político del texto y, al mismo tiempo, su principal obstáculo en el recinto.

Los bloques dialoguistas ya habían anticipado al oficialismo que acompañarán la baja a 14, pero no a 13. Es la misma tensión que atravesó el debate previo: en mayo de 2025 se había logrado un dictamen de comisiones que incluía un umbral de 14 años, pero la iniciativa nunca llegó al recinto. Con la renovación parlamentaria, ese despacho cayó y ahora deberá firmarse uno nuevo.