El Gobierno desreguló los aranceles de los colegios privados. La medida establece que los establecimientos podrán fijar libremente los precios de las cuotas y matrículas sin autorización previa del Estado.

La decisión fue oficializada a través del decreto 787, publicado este martes en el Boletín Oficial.

“Corresponde revisar el marco normativo existente para favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando así la sostenibilidad de su labor y el derecho a la educación de calidad”, sostiene el decreto.

El sistema que derogó el Ejecutivo fue instaurado hace 30 años y la administración de los aranceles de las entidades de educación privada dependía del Gobierno. Las autoridades justifican que la normativa que quedó sin vigencia presentaba “limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.

Así, la gestión de Javier Milei busca avanzar hacia un esquema en el que “el principio de libre contratación debe ser resguardado” y permitir a las instituciones educativas “el derecho a definir sus políticas de precios y compensaciones, en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado”.

Con el decreto 787, el Gobierno desreguló los aranceles de las entidades de educación privada.

Según las autoridades, el anterior sistema que fijaba los valores de las cuotas de los colegios privados que debía contar con la autorización del Estado “puede llevar a una precarización de la calidad educativa, dado que los establecimientos no pueden responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos”.

Además, sostuvieron que este mecanismo de fijación de precios “perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo”.

Y sumaron: “Crea una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.